Los conflictos por el agua son comunes en todo el territorio nacional. Se calcula que en los últimos 10 años se han dado unas 700 confrontaciones debido a los problemas de infraestructura, la contaminación de fuentes y las dificultades de acceso al preciado líquido.

Estas crisis hídricas han motivado la unión de las comunidades afectadas para unir fuerzas y trabajar unidos en la búsqueda de soluciones.

La Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA), por ejemplo, agrupa a una veintena de organizaciones vinculadas con el recurso hídrico tales como asociaciones, centros de investigación, ASADAS, comisiones y comités de lucha.

En conjunto estas agrupaciones acordaron hacer de conocimiento público un manifiesto en el cual, entre otras cosas, plantean la ubicuidad de los conflictos y luchas por el agua y la existencia de miles de personas que dedican tiempo, esfuerzo y compromiso personal y colectivo para defenderla.

Según manifiestan, ellos enfrentan las amenazas de un modelo de desarrollo que ha dado prioridad a la extracción insostenible de los recursos naturales, con fines de lucro privado.

 “Nos preocupan los casos de contaminación del agua por el uso de agrotóxicos utilizados en la piña y otros monocultivos, la expansión de proyectos hidroeléctricos, la deforestación, el mal manejo de residuos sólidos, la afectación y muerte de vida silvestre y animales (ganado, por ejemplo), la falta de acceso a agua suficiente y limpia y la invasión de áreas de recarga acuífera con fines de apropiación privada”, reza el pronunciamiento.

La ANDA reclama la falta de respuesta y acompañamiento de parte de algunas de las instituciones del Estado, cuya responsabilidad es la tutela del recurso hídrico y garantizar el derecho de la población al agua y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Ellos no descartan la movilización y la protesta social como “herramientas válidas ante las amenazas que enfrentan nuestras comunidades”, al tiempo que rechazan de forma rotunda la criminalización de este derecho.

Según Esteban Monge, representante de la ANDA, este colectivo está por cumplir los 10 años de funcionar como plataforma de articulación de organizaciones, comunidades y personas que consideran necesario un cambio en el modelo de gestión del agua en el país.

“Apostamos a fortalecer la organización y la articulación con otras Asociaciones de Acueductos Comunitarios, organizaciones sociales y académicas e instituciones verdaderamente comprometidas con el agua y el bien común”, afirma.

En la ANDA consideran necesaria una reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua y su carácter de bien de dominio público, así como una Ley para el fortalecimiento autónomo de las Asociaciones Administradoras de Acueductos Comunales (ASADAS) que les asegure las condiciones necesarias para cumplir con sus objetivos.

“La articulación es fundamental. Estas luchas no pueden verse como luchas aisladas”, concluyó Monge.