La Defensoría de los Habitantes continúa su férrea oposición a la política restrictiva implementada por las compañías telefónicas a los usuarios de internet móvil pospago.

Desde el 2014 las empresas Claro y Movistar implementaron, con la venia de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), una reducción de la velocidad a los usuarios que superen el límite de descarga establecido según el plan contratado.

Kolbi, operadora del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adoptó esta misma política desde marzo pasado.

Ante una solicitud de criterio de la Sala Constitucional, la Defensoría cuestiona que la medida “temporal” adoptada por la Sutel para enfrentar la congestión de las redes, se encamina a convertirse en permanente.

Desde su implementación en el 2014, la Sutel declaró confidenciales los informes técnicos que respaldaban la medida.

Tres años más tarde, sigue existiendo un vacío de información que permita verificar si las empresas han realizado esfuerzos suficientes para solucionar el problema de la saturación en las redes.

Derecho humano

El acceso a internet ha sido declarado como un derecho fundamental para el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Es criterio de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) que este derecho “debe ser garantizado y protegido”, y no se debe reducir su acceso, como pretende la Sutel,  a un «servicio de telecomunicaciones disponible al público».

“No hay una política relacionada con el fortalecimiento del Internet fijo como medio de descompresionar la utilización del Internet móvil pospago”, argumentó también Juan Manuel Cordero, Defensor Adjunto de los Habitantes.

La DHR solicitó el criterio a la Academia Nacional de Ciencias, la cual indica en su informe que imponer un piso de 128 kbps al llegar al máximo de datos consumibles en el mes, “es sin lugar a dudas, el equivalente a la desconexión del usuario”.

Un retroceso

La Academia califica de “anacrónico” este sistema que se contrapone a las nuevas tecnologías que se alimentan de un ancho de banda mucho mayor.

“Esta política aprobada por la Sutel no se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, en el que se hace referencia a la necesidad de proveer conexiones de banda ancha a los usuarios en lugar de poner en práctica políticas que obstruyan el desarrollo tecnológico del país”, señala Pedro León Azofeifa, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, en el criterio emitido a solicitud de la DHR.

Tanto el Colegio de Periodistas de Costa Rica como diputados de diversas fracciones han manifestado su oposición a la política de uso justo adoptada por las compañías telefónicas y mostrado su apoyo a los cuestionamientos emitidos por la Defensoría de los Habitantes.