Hace apenas medio siglo creíamos que el agua era un recurso inagotable. Hoy, la escasez de este vital recurso en múltiples regiones del planeta está teniendo un enorme impacto social, político y económico y provoca serios conflictos entre comunidades y países.

Según apunta la ambientalista Vandana Shiva en su libro, Las guerras del agua: privatiación, contaminación y lucro,  El modelo económico predominante en el mundo se ha encargado de convertir casi todo en productos de consumo, aún aquellos servicios sociales como la salud y la educación, otrora considerados como derechos ajenos a las fuerzas del mercado y herencia común de la humanidad.

El poder corporativo, señala la ambientalista, ha minado los gobiernos de los países y cada vez más estos ceden su responsabilidad de proteger esos recursos a compañías privadas.

El acceso al agua es un derecho humano porque el agua es fundamental para la vida. El problema para hacer valer ese derecho es que el consumo global de agua se está duplicando cada 20 años: más de dos veces la tasa de crecimiento de la población mundial.

En Costa Rica tres reformas constitucionales que establecen el acceso al agua como un derecho humano llevan estancadas casi una década en el Congreso. La ley integrada del recurso hídrico llegó al Congreso en el 2010 y fue aprobada en primer debate en el 2014.

Sin embargo, luego de que la Sala Constitucional cuestionara la reducción de fuentes de agua sin que existieran estudios técnicos, el proyecto se encuentran estancado. Algunos acusan al sector agropecuario de entorpecer su aprobación; otros, más bien consideran que esta ley abre un portillo para la privatización del agua.

Sin control

Las amenazas para los sistemas de agua son múltiples: deforestación, destrucción de  humedales, sobrexplotación de ríos, uso de pesticidas y fertilizantes y el cambio climático. A pesar de eso, en nuestro país carecemos de planes de desarrollo sostenible. 47 de los 81 municipios en Costa Rica no cuentan con un plan regulador y ese desorden en la planificación afecta de forma directa los mantos acuíferos.

En los cantones de  Barva y San Rafael de Heredia, por citar dos ejemplos, las zonas de recarga acuífera están siendo bloqueadas por la construcción de casas y edificios. La sobreexplotación de los ríos es una práctica común en el país, y se agrava por la falta de personal de inspección.

La Dirección de Aguas del Minae no cuenta con el número de inspectores que ser requieren para supervisar los miles de pozos y concesiones para la extracción de agua, piedra y arena de ríos, como el Tempisque.

De acuerdo a la legislación actual, la perforación de pozos ilegales no está penada por ley y los inspectores no pueden ingresar a propiedades privadas sin permiso de los dueños.

Tenemos racionamientos en muchas comunidades y la falta de agua afecta también desarrollos urbanísticos, la expansión de ciertas industrias y esto genera fricciones entre desarrolladores y empresarios, los ciudadanos y gobiernos locales.

«Si las guerras de este siglo se lucharon por el petróleo, las guerras del próximo siglo se librarán por el agua”. La cita es de 1995 y su autor el entonces vicepresidente del Banco Mundial, Ismail Serageldin.

Todo apunta a que la profecía de Serageldin, se está cumpliendo.